La fiscal suprema suspendida, Delia Espinoza, afirmó que la propuesta de su inhabilitación es consecuencia de una persecución política motivada por su labor como magistrada.

En diálogo con la prensa, Espinoza aseguró que no tuvo participación en la elaboración ni en la aprobación del reglamento que se le imputa como falta, y advirtió que emprenderá acciones legales en caso de que se concrete la sanción.

Espinoza sostuvo que su situación constituye una represalia por haber investigado al poder político y denunció la existencia de un “doble estándar” en la aplicación de sanciones a fiscales supremos. Mientras su expediente sigue el trámite hacia la inhabilitación, otros tres fueron archivados por el Congreso.

La fiscal señaló que la denuncia constitucional en su contra se fundamenta en la

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