Los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, que debían ser la vitrina del deporte peruano, terminaron convertidos en un espejo roto de improvisación, favores y contrataciones cuestionables que tuvieron a delegaciones enteras amenazadas de desalojo en pleno evento internacional. Y todo ello ocurre en medio de un terremoto institucional: a solo dos semanas del inicio de la competencia, el Ejecutivo reemplazó al presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y, antes, se había cambiado también al gerente general, que hoy es Alberto Tejada Conroy. La organización se cayó en cámara lenta, pero estalló en público apenas las delegaciones extranjeras empezaron a quejarse de que sus hoteles no habían sido pagados por el Estado peruano.

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