Alberto Baños ha presentado su renuncia irrevocable como subsecretario de Derechos Humanos, en un contexto marcado por tensiones internas y cuestionamientos a su gestión. Su salida se produce en medio de un clima político complicado, tras sus declaraciones en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde minimizó los crímenes de la última dictadura militar, calificándolos de "excesos aislados". Estas afirmaciones generaron un fuerte rechazo tanto a nivel nacional como internacional.

Fuentes del Ministerio de Justicia han indicado que la decisión de Baños está relacionada con sus diferencias con el ministro Mariano Cúneo Libarona, quien exigía un alineamiento más estricto con la política de ajuste del presidente Javier Milei. Las tensiones entre ambos se intensificaron en los últimos meses, lo que hizo insostenible la continuidad de Baños en su cargo.

Baños, un exjuez federal, había asumido el cargo al inicio de la gestión de Milei, cuando el área aún era una Secretaría. Durante su mandato, se implementaron recortes significativos en el personal, reduciendo la planta de empleados de cerca de 1000 a 450. Este ajuste fue parte de la política de achicamiento del Estado que ha caracterizado al gobierno actual. A pesar de su trabajo, Baños enfrentó críticas constantes de organismos de Derechos Humanos, que no lamentaron su salida.

En su intervención en Ginebra, Baños también cuestionó la cifra de "30.000 desaparecidos", sugiriendo que se había convertido en un "negocio" para acceder a subsidios económicos. Estas declaraciones provocaron un malestar considerable entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que lo acusaron de intentar "cuestionar a la República Argentina".

La renuncia de Baños se produce en un momento de incertidumbre en el gobierno, especialmente con la inminente salida de su amigo y mentor, el ministro Cúneo Libarona, prevista para febrero del próximo año. La situación ha dejado claro que la relación entre Baños y el actual gobierno se había vuelto insostenible, marcando un nuevo capítulo en la política de derechos humanos en Argentina.