La suspendida fiscal de la nación, Delia Espinoza, ha anunciado su intención de presentar una acción de amparo tras ser inhabilitada por 10 años por el Congreso de la República. Esta decisión se debe a su supuesta falta de cumplimiento con la ley que devolvía a la Policía Nacional la facultad de realizar investigaciones preliminares. En una entrevista con RPP, Espinoza afirmó que su situación es un claro ejemplo de "atropellos" y criticó al juez constitucional Juan Torres Tasso por no restituirla en su cargo, a pesar de que, según ella, era lo que correspondía. Además de la acción de amparo, la exfiscal planea presentar denuncias por presuntas violaciones al debido proceso y por infracciones constitucionales que ocurrieron durante el procedimiento legislativo que resultó en su inhabilitación. Espinoza sostiene que el proceso careció de garantías y estuvo marcado por decisiones "arbitrarias" que afectaron su derecho a la defensa. Su abogado, Rodolfo Pérez, también ha cuestionado la votación en el Pleno del Congreso. Destacó la diferencia entre la primera votación, que solo obtuvo 63 de los 68 votos necesarios, y la reconsideración posterior que aprobó la inhabilitación con 71 votos a favor. Pérez argumentó que este cambio drástico en las posiciones en un corto período de tiempo sugiere presiones internas y una "animadversión" hacia Espinoza, especialmente por parte de congresistas que están siendo investigados. Pérez también criticó la participación del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien fue el autor de la denuncia que inició el proceso. Calificó su rol en la votación de reconsideración como "irregular" y lo responsabilizó por dirigir una sesión que, según él, buscaba asegurar los votos necesarios para concretar la inhabilitación de Espinoza.