El nuevo borrador de la reforma laboral en Argentina propone la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Esta iniciativa busca atraer capital nacional y extranjero a sectores productivos en todo el país. El objetivo principal es fomentar el desarrollo económico, mejorar la competitividad, aumentar las exportaciones y generar nuevos empleos a través de estímulos fiscales. El RIMI responde a una demanda de las pequeñas y medianas empresas (pymes) tras el lanzamiento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El régimen se aplicará a empresas constituidas en Argentina que realicen nuevas inversiones en los dos años posteriores a la entrada en vigencia de la ley. Las inversiones deben destinarse a la compra o fabricación de bienes muebles nuevos, excluyendo automóviles, y a la ejecución de obras productivas. Las inversiones financieras y la adquisición de bienes para reventa no estarán incluidas en el programa. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la autoridad encargada de supervisar este régimen. Tendrá la facultad de solicitar informes técnicos para determinar qué inversiones se beneficiarán y cómo se evaluarán los proyectos. Para acceder a los beneficios del RIMI, las inversiones deben superar un umbral mínimo, que varía según el tamaño de la empresa. Por ejemplo, una microempresa deberá invertir al menos 150.000 dólares, mientras que una pequeña empresa necesitará 600.000 dólares. Las medianas empresas tendrán umbrales de 3.500.000 y 9.000.000 dólares, y las grandes deberán invertir un mínimo de 30.000.000 dólares. El programa también contempla una promoción especial sin monto mínimo para inversiones en insumos agrícolas y energéticos estratégicos. Todas las inversiones deben realizarse dentro de los dos primeros ejercicios fiscales tras la entrada en vigencia del RIMI. Los beneficiarios podrán elegir entre el régimen fiscal habitual del Impuesto a las Ganancias o un método de amortización acelerada. Esta última opción permite deducir rápidamente el valor de las inversiones de la base imponible, reduciendo así la carga tributaria en los primeros años. Por ejemplo, las inversiones en bienes muebles amortizables podrán deducirse en dos cuotas anuales iguales. Además, los créditos fiscales de Impuesto al Valor Agregado (IVA) asociados a estas inversiones podrán solicitarse para devolución anticipada tras tres períodos fiscales desde la adquisición. El Ministerio de Economía y la ARCA establecerán un cupo presupuestario anual para estas devoluciones. Sin embargo, el acceso al programa tiene restricciones. Quedan excluidos quienes tengan condenas judiciales por delitos económicos o deudas impositivas exigibles. También se excluyen inversiones que ya reciban beneficios del RIGI u otros programas similares. Si una empresa beneficiaria pierde alguno de los requisitos, se cancelarán las exenciones fiscales obtenidas. Deberá devolver los beneficios percibidos más intereses y podría enfrentar multas de hasta el doble de lo usufructuado. El RIMI estipula que los bienes adquiridos deben permanecer en la empresa durante al menos dos años fiscales. Si se venden antes, se perderán los beneficios, salvo en ciertas excepciones. El Ministerio de Economía y la ARCA definirán las normas complementarias para la implementación del régimen en todo el país.