El 5 de septiembre del año pasado, Unión del Pueblo Navarro (UPN) interpuso una denuncia ante la Guardia Civil de Navarra al considerar que existían irregularidades en la licitación de la obra de Velate para beneficiar a la UTE que conformaban Acciona y Servinabar, empresa de la que Santos Cerdán era propietario al 45%. Tres meses después, Pedro Sánchez confirmaba a Cerdán como secretario de Organización del PSOE, en el congreso celebrado en Sevilla. Por entonces, tanto José Luis Ábalos como Koldo García -ambos ahora en prisión- estaban imputados por integración en organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Los tres pertenecían al círculo más estrecho del presidente del Gobierno.

El número tres del PSOE, actualmente en libertad provisional, fue un hombre clave para Sánchez y así lo dejó claro en el congreso de Sevilla. Por entonces, no había sospechas públicas contra él, pero sí muchos rumores internos por su proximidad a Ábalos y su asesor. La vicepresidenta María Jesús Montero aprovechó la cita de Sevilla para elogiar a Cerdán, a quien calificó como «uno de los mejores secretarios de Organización de la historia del partido». «Un hombre comprometido con el avance de España, absolutamente comprometido con la izquierda», aplaudió con entusiasmo.

En su intervención en el cónclave socialista, Cerdán denunció una «cacería humana» contra Sánchez y el partido, de «acoso y derribo», desde los medios de comunicación y «en sede judicial». «Fango, ruido, bilis sin parar con el objetivo de generar caos, nunca antes hubo en democracia un ataque similar contra un presidente legítimo», lanzó, en alusión a los casos de corrupción que cercaban a Sánchez, como el de su mujer Begoña Gómez y su hermano.

Obra de Velate

Por entonces, la trama de obra pública de Cerdán intentaba hacerse con uno de sus pelotazos, el de los túneles de Velate. En septiembre, UPN había puesto en conocimiento de la Guardia Civil varios hechos que desprendían irregularidades en la licitación. Entre ellas, el mantenimiento por parte del Gobierno de la socialista María Chivite en Navarra, de Jesús Polo, presidente de la Mesa de Contratación, a quien correspondía ya estar jubilado. «Con su voto, habría dirimido en favor de la UTE de Acciona/Fermín Osés/Servinabar, la adjudicación del procedimiento», recoge la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Las obras habían sido adjudicadas en enero de 2024, por alrededor de 76 millones. El proceso estuvo marcado por las tensiones en la mesa de contratación -tres de sus ocho miembros discreparon de la adjudicación a la UTE de Servinabar- y por una batería de irregularidades .

Lorenzo Serena, secretario de la mesa, llegó a manifestar por escrito que «el procedimiento que hemos seguido al valorar las ofertas ha quedado viciado, así puede ser visto».

Más grave aún fue la revelación hecha en una reunión de la Mesa el 14 de junio de 2023, donde se puso en conocimiento de todos los miembros que, antes incluso de la comunicación oficial de las puntuaciones por parte del presidente, «varios empleados del Departamento había revelado la existencia de comentarios (incluso externos a la Administración) a cerca del sentido de la valoración» , según consta en un documento interno.

La oferta de Acciona-Fermín Osés-Servinabar obtuvo una puntuación técnica extraordinariamente alta (46,22 puntos sobre 50), muy por encima de sus competidores.

El Gobierno navarro era conocedor, pero siguió adelante. La responsabilidad primera era del departamento de Cohesión Territorial del Gobierno navarro, dirigido por Óscar Chivite, tío de la presidenta. El Ministerio de Transportes decidió financiar el proyecto de los túneles inyectando a dedo 40 millones de euros. Tras negar irregularidades, Chivite, cercada por sus socios, ha acabado destituyendo al director general de Obras Públicas por el sobrecoste de estas obras.