La defensa de Pedro Sánchez sobre la gestión de los casos de agresión sexual, incluido el exasesor Paco Salazar, ha suscitado una seria controversia. Aludiendo “error en la velocidad” y “falta de recursos”, Sánchez relega la tardanza a una deficiencia administrativa. Sin embargo, no disimula la decisión cuestionable del partido: no denunciar los hechos a la Fiscalía, limitándose a ofrecer apoyo a las denunciantes si emprenden la vía judicial. Esta inacción de un partido adalid del feminismo, adquiere tintes de estrategia política que prioriza la imagen socialista y la de sus cargos sobre la justicia de las víctimas.

Estamos ante una dolosa pasividad del PSOE frente a un presunto delito grave. Sánchez niega “voluntad de encubrir” al investigado. Pero recurrir a un protocolo interno, y deja

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