El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña , ha decretado libertad provisional con medidas cautelares para los tres detenidos esta semana en la operación contra la corrupción dirigida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Se trata de la exmilitante socialista Leire Díez , el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso , todos ellos investigados por su presunta implicación en una trama de amaño de contratos en empresas públicas.

A instancias de la Fiscalía Anticorrupción , el magistrado ha impuesto comparecencias periódicas y retirada de pasaporte como únicas medidas cautelares. La Fiscalía no solicitó prisión provisional, y al no haber otras acusaciones personadas, el juez no pudo acordar su ingreso en prisión.

“La fontanera de Ferraz”

Leire Díez, exconcejal del PSOE conocida como “ la fontanera de Ferraz ” por su presunta capacidad para resolver problemas internos del partido, ha sido la primera en declarar. La operación ha sido bautizada con su nombre, y está ya siendo investigada en otro procedimiento por entorpecer investigaciones de corrupción que afectan al PSOE.

En este nuevo caso, está acusada de participar en una organización criminal con acceso e influencia en organismos públicos como SEPI, Enusa, Mercasa y Correos , que habría manipulado procesos de adjudicación pública. La Guardia Civil ha practicado registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza .

Una red vinculada al poder socialista

El caso ha salpicado directamente a la estructura de confianza del Gobierno de Pedro Sánchez . Vicente Fernández, nombrado por el Ejecutivo en 2018 como presidente de la SEPI y persona cercana a la ministra de Hacienda María Jesús Montero, fue absuelto recientemente del caso Aznalcóllar, pero ha vuelto a estar en el foco judicial por su colaboración con Servinabar , la empresa epicentro de esta nueva investigación.

Antxon Alonso, empresario vasco y socio en Servinabar de Santos Cerdán —ex secretario de Organización del PSOE hoy encarcelado por otra causa— también ha sido detenido. Según la documentación aportada por la Hacienda Foral de Navarra , Alonso pagó a Fernández más de 100.000 euros entre 2021 y 2023 . Asimismo, ha reconocido pagos por comisiones a Koldo García , el exasesor ministerial de Ábalos.

En el sumario del caso Koldo , el Tribunal Supremo investiga a Alonso por supuestos amaños en obra pública . Aunque ha negado pagos ilegales por adjudicaciones públicas, un contrato hallado por la UCO indica que Santos Cerdán habría adquirido un 45% de Servinabar , empresa que ha recibido más de 75 millones en obras públicas del Gobierno navarro.

La red, bajo secreto de sumario

La investigación, impulsada por Fiscalía Anticorrupción , mantiene su secreto de sumario mientras se analizan los documentos incautados esta semana. La trama estaría siendo investigada por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal .

Entre los organismos afectados se encuentran Correos, Enusa, Mercasa y SEPI , así como varias direcciones generales de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica . Todos han colaborado en la entrega de expedientes requeridos.

El Ministerio de Transición Ecológica ha asegurado que la documentación entregada “fue tramitada con todas las garantías y conforme a procedimiento”, mientras crecen las sospechas de que estas influencias habrían sido utilizadas para amañar contratos y ocultar otros casos de corrupción .