Una semana después de que los primeros detenidos comenzaran a llegar al centro de detención para inmigrantes administrado por Florida en los Everglades, Katie Blankenship, una abogada de inmigración de Miami, se presentó en las puertas de Alligator Alcatraz con una lista de cinco nombres y una exigencia: déjenme entrar a verlos.

Esperó dos horas y media, sólo para que le dijeran que pusiera su nombre en una lista y que esperara entre 24 y 48 horas para recibir una llamada.

“Estas personas tienen el debido proceso y derecho a un abogado”, le dijo Blankenship al empleado que atendía la puerta el 10 de julio. “No se les puede negar un abogado durante tanto tiempo y no podemos tener un agujero negro de información donde no sabemos cómo contactar a los clientes”.

Esa llamada aún no ha llegad

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