En la madrugada del 4 de julio, Rosalinda y su familia se enfrentaron a una situación desesperada. Al darse cuenta de que su hogar en Texas se inundaba rápidamente, comenzó a despertar a sus hijos, nietos y a su madre, gritando: “¡Vámonos!”. En medio del caos, y tras semanas de rumores sobre redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la familia no comprendió de inmediato que estaban huyendo de las inundaciones que amenazaban sus vidas. “Al principio, los niños pensaron que estábamos huyendo de inmigración”, relató Rosalinda, quien ha vivido en Estados Unidos durante 12 años.

La familia, compuesta por 12 personas de cuatro generaciones, vivía en tres casas móviles a orillas del río Guadalupe, en el condado de Kerr. Se tomaron de las manos y comenzaron a caminar por el agua, que rápidamente les cubrió la cintura. “Ni siquiera hubo tiempo de ponerse zapatos. Todos estábamos descalzos”, recordó Rosalinda. Afortunadamente, todos sobrevivieron, pero sus casas y pertenencias fueron arrasadas. “Nunca piensas que te va a pasar a ti”, afirmó Rosalinda.

Más de un mes después de las devastadoras inundaciones que dejaron al menos 135 muertos y desplazaron a muchas personas, los sobrevivientes, incluida la familia de Rosalinda, siguen luchando por encontrar ayuda financiera. Los reclamos de seguros y la burocracia gubernamental han complicado el proceso. Además, las familias indocumentadas enfrentan obstáculos adicionales, como la falta de identificación adecuada y el temor a que pedir ayuda exponga su estatus migratorio.

El condado de Kerr, donde más del 25 % de los casi 52.600 habitantes son hispanos y latinos, fue uno de los más afectados. Aunque es difícil calcular el impacto en la comunidad indocumentada, muchos vivían en ranchos y casas móviles a lo largo del río. Rosalinda siente que ha perdido toda la vida que construyó en Estados Unidos. “Luchamos mucho para llegar aquí, y ahora lo hemos perdido todo”, lamentó.

La asistencia gubernamental, como la de la FEMA, y la ayuda de organizaciones sin fines de lucro como Salvation Army y Samaritan’s Purse, han sido cruciales para las víctimas. Sin embargo, estas organizaciones suelen requerir identificación y comprobante de residencia. En el caso de Rosalinda, solo su hija mayor, María, y un hijo, ambos ciudadanos estadounidenses, podrían solicitar ayuda en nombre de la familia. Sin embargo, sus identificaciones y recibos de servicios públicos se perdieron en la inundación.

El propietario de la vivienda se negó a proporcionar una carta que confirmara su residencia, temiendo problemas con su aseguradora. “No quiero problemas con la policía ni con nadie por el hecho de que había ilegales en mi propiedad”, dijo el propietario.

A pesar de la comprensión de algunos grupos de ayuda, les informaron que había poco que podían hacer. Salvation Army aseguró que trabaja sin discriminación y que no se requiere prueba de ciudadanía para acceder a su ayuda. Por su parte, Samaritan’s Purse, que cuenta con más de 2.100 voluntarios en Texas, también ha ofrecido asistencia sin preguntar sobre el estatus migratorio.

José Núñez, un mecánico de Kerrville y ciudadano estadounidense, también ha enfrentado dificultades. Su madre, indocumentada, siente que es una carga para él tras perder su hogar. “Mi mamá ya nos había dicho que tal vez quería irse a vivir a México por todo lo que ha pasado”, comentó Núñez.

El temor a buscar apoyo de las autoridades es un tema común entre los inmigrantes de la región. “No quieren ser conocidos ni reconocidos”, dijo Jessica Cruces, enfermera local y voluntaria. Las políticas de la FEMA permiten que algunos inmigrantes reciban ayuda tras desastres naturales, pero muchos temen que su información sea reportada a las autoridades de inmigración. La FEMA no respondió directamente sobre si reporta a personas indocumentadas que buscan ayuda.

La situación de la familia de Rosalinda refleja la lucha de muchas familias indocumentadas en Texas, que enfrentan no solo la devastación de las inundaciones, sino también el miedo y la incertidumbre sobre su futuro.