TAPACHULA, México (AP) — Seis días después de su arresto, el activista mexicano por los derechos de los migrantes Luis García Villagrán quedó en libertad después de que un juez decidió el lunes no seguir con el proceso en su contra por el delito de delincuencia organizada para traficar con personas.

“El juez ordenó mi auto de libertad porque dijo que no pertenecemos a la delincuencia organizada sino que pertenecíamos al Centro de Dignificación Humana AC, reconocido desde hace más de nueve años por la Secretaría de Gobernación”, dijo García Villagrán al salir el lunes de la prisión, en las afueras de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala.

Agregó que su detención fue una persecución de las autoridades federales mexicanas por su activismo.

García Villagrán es un abogado que acompañó en numerosas ocasiones las caravanas formadas en los últimos años por migrantes que habían entrado a México de forma irregular y que querían avanzar hacia el norte del país con la esperanza de cruzar a Estados Unidos.

Estos grupos dejaron de formarse cuando comenzó la dura política de deportaciones del presidente estadounidense, Donald Trump.

La semana pasada el activista colaboraba en una nueva de no más de 300 personas que se estaba organizando para salir de Tapachula el miércoles. Pero fue detenido un día antes cuando el grupo iniciaba su caminata hacia el centro del país y había avanzado solo unos pocos kilómetros.

El arresto se produjo en esa misma ciudad donde ha acompañado a los migrantes en la formación de pequeños grupos que salían caminando quejándose de la tardanza de los trámites migratorios o de la falta de empleos para ganarse la vida.

Según las autoridades, García Villagrán tenía una orden de captura desde hace años y su detención se dio tras una serie de investigaciones que permitieron identificar una red de traficantes de personas que utilizaba diferentes organizaciones de apoyo a migrantes como “fachada” para realizar el “tráfico de personas y la distribución de droga” en el país.

El activista fue señalado como el “encargado de conseguir documentación falsa para acreditar el paso legal de los migrantes” por México, además de operar como “uno de los principales impulsores de caravanas de migrantes” y de tener una orden de detención vigente.

Su abogado, Jose Antonio Martínez Sánchez, explicó a la prensa que no se le pudo acreditar ninguna responsabilidad. No obstante, reconoció que la fiscalía puede apelar la decisión y seguir investigando.

La Fiscalía General de la República no respondió de manera inmediata a The Associated Press sobre una solicitud de un comentario al respecto.

En 2019, en plena negociación entre México y la primera administración del presidente Trump para evitar los aranceles, dos activistas fueron detenidos en el país latinoamericano por delitos vinculados con el tráfico de migrantes y liberados días después por falta de pruebas.

Las detenciones de ambos se dieron en medio de una crisis por la amenaza de los aranceles a las importaciones mexicanas lanzada por Trump si México no controlaba el flujo de migrantes.