Valeria López Peña

Madrid (EFEverde).– Cuando Alex Lucitante era niño, el río Aguarico corría limpio por la Amazonía ecuatoriana. Pero años de concesiones mineras en zonas de amortiguamiento de áreas protegidas y una nueva ley que busca orden e inversión han enturbiado esas aguas, en medio de críticas por -denuncian los ambientalistas- permitir militarización, privatización encubierta y la exclusión de poblaciones indígenas.

El Gobierno de Ecuador aprobó la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, que crea el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), una entidad que gestionará estos territorios al margen del Ministerio de Ambiente. Si bien se argumentó su aprobación urgente por razones económicas, la ley ha sido duramente cuestionada por organizaciones indígenas,

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