P LAYA DEL CARMEN, MX.– La incertidumbre por la tenencia de la tierra y la proliferación de presuntos “acaparadores” que comercializan predios de forma irregular mantienen en riesgo a decenas de comunidades indígenas en este municipio, denunció Juan Humberto Novelo Zapata, decimotercer regidor y presidente de la Comisión de Iniciativa de Asuntos Indígenas y Afroamericanos.

De acuerdo con el concejal, unas 50 comunidades han solicitado su reconocimiento oficial como pueblos indígenas, pero muchas no cuentan con certeza jurídica sobre el terreno que ocupan.

“El problema es la tenencia de la tierra, no la tienen, pero a pesar de ello así han sido comercializadas. Unos son terrenos nacionales, otros son privados y otros pues han llegado a ocupar estos espacios por la necesidad, porque requieren de un espacio para vivir”, expuso.

Dijo que para ser reconocidos como comunidad indígena, la autoridad exige superficie territorial definida, usos y costumbres y certeza legal; sin eso, no se puede realizar, explicó.

Novelo Zapata advirtió que parte de los predios se encuentran en terrenos federales y requieren la intervención de instancias como la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) para su regularización. Sin embargo, los precios se han disparado, especialmente en zonas clasificadas como ecoturísticas, donde una hectárea puede costar entre 900 mil y un millón de pesos.

“¿Cuándo crees que van a poder pagar esa cantidad las familias que solo buscan un pedazo de tierra?”, cuestionó.

Al mismo tiempo mencionó que a esta problemática se suma la presencia de personas que, sin ser dueñas, venden terrenos entre 200 mil y 300 mil pesos, dejando a los compradores con la responsabilidad legal y sin servicios básicos.

“Hay que fincarles responsabilidades porque también existe dentro del Código Penal ese delito que es el tema de la comercialización de esos terrenos correspondientes sin los servicios básicos que deben de ser”, sentenció.

El regidor subrayó que mientras no exista regularización, el gobierno no puede invertir en infraestructura ni servicios, lo que frena el desarrollo urbano. Por ello, llamó a coordinar acciones entre autoridades municipales, estatales y federales para identificar terrenos nacionales disponibles y frenar nuevas invasiones.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a no dejarse engañar. “Quien te venda un terreno debe garantizar al menos un camino digno para acceder. No podemos permitir que sigan lucrando con la necesidad de la gente”, concluyó. ( Agencia SIM )