La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural , a través del Servicio de Control y Calidad Agroalimentaria, que depende de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, ha intervenido, en un agroturismo de Mallorca , un lote de botellas de aceite de oliva por un presunto fraude en el origen del producto y por rellenar las botellas de su restaurante.

El establecimiento comercializaba, según ha indicado la Conselleria en un comunicado, aceite de oliva virgen como si fuera virgen extra elaborado en la misma finca y originario de Mallorca.

Las inspectoras acudieron al establecimiento y comprobaron que las botellas no llevaban la etiqueta numérica del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Aceite de Mallorca , distintivo que garantiza que el producto envasado es aceite de oliva virgen extra y que, además, procede exclusivamente de Mallorca.

Asimismo, detectaron que el establecimiento rellenaba las botellas de aceite de oliva que se ponían a disposición de los clientes del restaurante, lo que también es una práctica prohibida por la normativa alimentaria.

En las diligencias practicadas por la inspección, se constató que el aceite utilizado para rellenar las botellas era un aceite de oliva virgen (no extra) procedente de una almazara de la península .

Por otra parte, durante la inspección también se detectó que el restaurante anunciaba en su carta productos procedentes del huerto ecológico de la finca, pero se comprobó que este no existía . Además, se ofrecían platos con ingredientes supuestamente de producto local, pero que en realidad no lo eran.

La Conselleria ha recordado que las inspecciones que lleva a cabo la Dirección General tienen como objetivo defender los intereses de los productores de las Islas, evitando la competencia desleal que representan estas prácticas, que se aprovechan de las denominaciones, de las indicaciones de origen y de la reputación del producto local. Además, estas prácticas suponen un engaño para todos los consumidores.

El Govern recuerda, una vez más, que los incumplimientos de la normativa vigente pueden conllevar sanciones administrativas. En el caso de las infracciones graves, las sanciones van desde los 3.000 euros hasta los 60.000 .