Seis meses después de que Donald Trump comenzara su segundo mandato, su administración enfrenta un creciente conflicto con el poder judicial federal. Este enfrentamiento incluye la elusión de órdenes judiciales que bloquean su agenda, demandas contra jueces por supuesta mala conducta y advertencias de que esto podría desencadenar una crisis constitucional.

Recientemente, el Gobierno de Trump demandó al tribunal federal de distrito en Maryland tras la decisión de su juez principal de bloquear temporalmente las deportaciones. Además, se presentó una denuncia por mala conducta judicial contra el juez James “Jeb” Boasberg, del tribunal de distrito de Washington, por comentarios que hizo en privado al presidente de la Corte Suprema, John Roberts.

El impasse entre el Gobierno y el poder judicial parece no tener fin. Un tribunal de apelaciones determinó que Boasberg no puede avanzar en su intento de declarar en desacato a funcionarios del Gobierno por presuntamente engañarlo en un caso relacionado con la deportación de migrantes a El Salvador.

A medida que jueces designados por Trump continúan otorgando victorias a la administración, la capacidad del poder judicial federal para actuar como contrapeso del Ejecutivo se ha visto comprometida. Un juez federal retirado comentó: “Están intentando intimidar, amenazar y simplemente arrollar a los tribunales de formas que nunca hemos visto”.

Los tribunales tienen herramientas para responder a la desobediencia, como la posibilidad de declarar en desacato a un abogado que mienta o no cumpla con una orden. Sin embargo, muchos jueces han mostrado reticencia a actuar rápidamente contra el Gobierno de Trump. Un exjuez federal de apelaciones señaló que “los tribunales son impotentes” frente al poder Ejecutivo, que cuenta con más mecanismos de aplicación.

Algunos jueces, como Boasberg y Paula Xinis en Maryland, están considerando sanciones o procesos por desacato contra miembros de la administración. En un caso en Maryland, abogados de un venezolano enviado a El Salvador indicaron que aún evalúan si solicitarán que se declare en desacato a la administración.

La Corte Suprema, con mayoría conservadora, ha favorecido a Trump en la mayoría de las disputas de emergencia, lo que ha limitado los enfrentamientos directos. Sin embargo, jueces designados por Trump también han cuestionado al Gobierno. Por ejemplo, la jueza Mary McElroy en Rhode Island reprendió al Departamento de Vivienda por su “inacción” en el pago de subvenciones.

En el caso migratorio de Boasberg, un tribunal de apelaciones detuvo un proceso por desacato iniciado hace tres meses. El juez Greg Katsas, designado por Trump, argumentó que detener el proceso podría ayudar a desactivar el conflicto entre el poder judicial y la administración.

Boasberg ha indicado que, independientemente de la decisión sobre el desacato, evaluará si la conducta de los abogados del Gobierno justifica una remisión a los colegios de abogados. En junio, un denunciante acusó a un alto funcionario del Departamento de Justicia de Trump de instar a ignorar órdenes judiciales.

Boasberg ha sido uno de los jueces más criticados por Trump. En marzo, determinó que la administración no podía enviar detenidos a El Salvador sin el debido proceso, lo que llevó a una queja formal del Departamento de Justicia contra él por mala conducta judicial.