La muerte del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrida en la madrugada del 11 de agosto, ha llevado a la Fiscalía a modificar la investigación de tentativa de homicidio a homicidio agravado. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, se refirió al caso como un "magnicidio" en un comunicado, destacando que desde el 7 de junio de 2025, la Fiscalía ha movilizado todos sus recursos para avanzar en la investigación.
El término magnicidio se refiere a la muerte violenta de una figura pública, pero no está tipificado en el Código Penal colombiano. Por ello, los implicados enfrentan cargos de homicidio agravado, que se define en el artículo 104 del Código Penal. Este artículo establece que el homicidio agravado se aplica si se comete contra un servidor público o por motivos abyectos.
El menor de 14 años que disparó contra Uribe, conocido como alias Tianz, declaró: "lo hice por plata, por mi familia". La Fiscalía ha capturado a seis personas involucradas en la planificación del crimen y se compromete a seguir investigando para identificar a los determinadores del ataque.
La investigación ha avanzado rápidamente, con la identificación de todos los miembros de la red criminal en solo dos meses. Las imágenes de las cámaras de seguridad y técnicas de inteligencia han permitido la captura de varios implicados, incluyendo a Carlos Eduardo Mora, alias 'venezolano', quien admitió haber recibido una oferta de cinco millones de pesos por su participación.
Katherine Andrea Martínez, de 19 años, fue arrestada por entregar el arma al menor sicario, mientras que Elder José Arteaga, alias 'El Costeño', es considerado el principal planificador del ataque. La Policía Nacional ha indicado que el senador Uribe era un "objetivo" de las disidencias de las Farc, lo que complica aún más la investigación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido en el caso tras la solicitud del abogado de la familia Uribe Turbay, quien ha denunciado discursos de odio y posible injerencia del gobierno en la investigación. Se espera que el ataque sea calificado como un acto de terrorismo, lo que podría llevar a sanciones más severas.
La Fiscalía deberá recategorizar las imputaciones de tentativa de homicidio a homicidio agravado, lo que afectará las posibles sentencias y acuerdos con los sospechosos. La pena por homicidio agravado puede oscilar entre 35 y 50 años de prisión, dependiendo de los agravantes y atenuantes.
El director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, expresó su compromiso de capturar a todos los responsables del crimen, reafirmando la solidaridad con la familia del senador Uribe.