El Gobierno abrió ayer la semana política retomando la controversia por el veto del Partido Popular y Vox a las celebraciones islámicas en Jumilla (Murcia) que, tras las críticas vertidas por la Conferencia Episcopal Española (CEE), han colocado al PP en una situación incómoda por el acercamiento a los postulados más extremistas de los de Santiago Abascal.

El Ejecutivo, a través de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, remitió un requerimiento formal al Ayuntamiento para anular el acuerdo adoptado por las dos derechas para prohibir el uso de instalaciones deportivas municipales para actos religiosos ajenos a la corporación pero que, en la práctica, supone un obstáculo específico para festejos como el fin del Ramadán o la fiesta del Cordero, que llevan varios años celebrándose

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