Hasta 2025, el sistema de deportaciones en Estados Unidos dependía casi por completo de procedimientos humanos: oficiales de inmigración recibían alertas de vencimiento de visas, analizaban expedientes, cruzaban información dispersa entre agencias y ejecutaban las órdenes de remoción tras un proceso administrativo que podía tomar semanas o incluso meses. En muchos casos, el seguimiento era ineficiente. Sólo una fracción de los casos detectados terminaban en una remoción efectiva, y los recursos se destinaban a trámites burocráticos, búsqueda física de personas y tareas de verificación repetitivas. A modo de ejemplo, durante los primeros tres años del gobierno de Biden, el promedio diario de deportaciones fue de unas 742 personas. En los últimos años de Obama, ese número se ubicaba por en

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