Argentina enfrenta una disputa judicial en Estados Unidos vinculada a la expropiación de YPF. El Ejecutivo sostiene que, incluso si hay una sentencia adversa, su aplicación está legalmente restringida. El Congreso deberá autorizar cualquier entrega de acciones.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , advirtió esta semana que un fallo desfavorable en EE. UU. difícilmente podrá cumplirse. Señaló que la ley argentina exige una autorización del Congreso con mayoría especial antes de transferir acciones estatales. Dijo que, sin ese aval, cualquier orden judicial resultaría “incumplible” en términos prácticos.

La controversia se centra en una orden de la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, que en junio pasado dispuso la entrega del 51 % de las acciones de YPF a los fondos

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