El asesinato de Miguel Uribe Turbay ha sido calificado por la Fiscalía como un delito de lesa humanidad, un avance crucial en las investigaciones en curso. Durante una reciente audiencia, se destacó que esta calificación implica que el caso "no prescribe, no vence en el tiempo y adicionalmente que es de la mayor gravedad". Este hecho coloca el crimen al mismo nivel que otros magnicidios en Colombia, como los de Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez Hurtado, cuyas investigaciones han sido prolongadas y aún requieren esclarecimiento.

La Fiscalía ha procesado a cuatro implicados en el caso por homicidio agravado. Entre ellos se encuentran alias el Costeño, señalado como el determinador material del ataque; alias Claro; alias Andrea o Gabriela, quien supuestamente entregó el arma al menor sicario; y Cristian Camilo González, el conductor de la motocicleta utilizada en la fuga del atacante. Además, William Fernando González, alias el Hermano, también ha sido señalado por su participación en el atentado.

A pesar de que el término "magnicidio" no está formalmente reconocido en la legislación colombiana, la Fiscalía ha subrayado que esto no disminuye la gravedad del crimen. Además de los cargos por homicidio agravado, se ha imputado el delito de concierto para delinquir a dos de los detenidos, por su presunta organización previa con fines delictivos. Las penas para estos delitos pueden oscilar entre 33 y 50 años de prisión.

Las autoridades continúan investigando para identificar quién ordenó el ataque contra el precandidato presidencial. Hasta el momento, no se ha encontrado rastro de la persona que dio la orden. La sociedad colombiana exige respuestas, y el informe concluye con un llamado claro: "Las autoridades deberán responderle a Colombia que clama porque se haga justicia".