La Corte Suprema de Justicia cerró una larga disputa entre el Estado y Tabacalera Sarandí, empresa presidida por Pablo Otero —apodado el “Señor del Tabaco”—, al confirmar la constitucionalidad del impuesto interno mínimo previsto en la ley 27.430. La decisión obliga a la compañía a abonar el piso impositivo que había cuestionado durante años, argumentando que encarecía de forma desproporcionada sus marcas más baratas.

Según estimaciones realizadas por Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), las empresas que son propiedad de Otero deben en este concepto alrededor de 1.400 millones de dólares.

Otero, cuyo grupo produce cigarrillos como Red Point, West, Master y Kiel, había litigado contra la reforma tributaria impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri, que incrementó en u

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