La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió un fallo histórico para la industria tabacalera: declaró constitucional el impuesto mínimo al tabaco y determinó que Pablo Otero , dueño de Tabacalera Sarandí, deberá abonar más de 1000 millones de dólares al Estado. El máximo tribunal dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que había declarado inconstitucionales los artículos 103, 104 y 106 de la Ley 27.430, dictada durante el gobierno de Mauricio Macri.

En su resolución, los jueces destacaron que el empresario no logró demostrar afectación alguna a su derecho de propiedad ni que el gravamen fuera irrazonable. Según la Corte, los impuestos constituyen "un valioso instrumento de regulación" y es lógico que ciertas actividades, como la producción y

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