El Poder Judicial de Perú ha ordenado al Ministerio Público concluir la investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte. Esta investigación se centra en los presuntos delitos de lavado de activos y financiamiento prohibido de organizaciones políticas, relacionados con su participación en la campaña electoral de 2021 del partido Perú Libre.

El juez Fernando Valdez Pimentel tomó esta decisión tras aceptar una solicitud de control de plazo presentada por la defensa de Boluarte. En su resolución, emitida el 13 de agosto, el magistrado indicó que la Fiscalía debe emitir un pronunciamiento sobre si archiva el caso o formaliza una investigación preparatoria contra la mandataria, quien no tiene la condición de "aforada" en este contexto.

La defensa de Boluarte argumenta que las diligencias preliminares iniciadas el 19 de enero de 2023, con un plazo de ocho meses, vencieron el 16 de septiembre de ese año. Aseguran que las tres ampliaciones del plazo son contrarias a la jurisprudencia de la Corte Suprema, que establece que no se pueden extender las investigaciones una vez vencido el plazo original.

Por su parte, el Ministerio Público ha solicitado rechazar esta solicitud, argumentando que el caso involucra delitos complejos que justifican un plazo máximo de 36 meses para las diligencias preliminares, que se extiende hasta enero de 2026. Sin embargo, el juez Valdez determinó que, de acuerdo con la reciente doctrina jurisprudencial, la investigación debe concluir una vez que se haya agotado el plazo primigenio.

"A la fecha de hoy, han transcurrido aproximadamente un año y once meses, tiempo más que suficiente para que el Ministerio Público realice los actos urgentes e inaplazables propios de la fase de investigación preliminar", afirmó el magistrado en su resolución.

Además, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos investiga a Boluarte por la supuesta creación de una cuenta mancomunada a favor de Perú Libre. Esta cuenta habría sido utilizada para recaudar fondos de los militantes del partido, destinados al pago de una reparación civil impuesta al líder de la agrupación, Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo.