Estados Unidos confiscó bienes valorados en más de 700 millones de dólares presuntamente vinculados al presidente venezolano, Nicolás Maduro , en el marco de una operación anticrimen organizada por el Departamento de Justicia. La medida, que incluyó la incautación de propiedades, vehículos de lujo y joyas, fue presentada como un golpe directo a una supuesta red de crimen internacional que relaciona al mandatario con el llamado Cartel de los Soles.

La respuesta del régimen venezolano no tardó en llegar. Desde Caracas, altos funcionarios del gobierno de Maduro rechazaron las acusaciones, calificándolas como parte de una estrategia de propaganda orquestada por Washington. Entre las voces más críticas se encontraron la del canciller Yván Gil y la del ministro de Interior y Justicia, Diosdad

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