El brutal atentado contra el representante Julio César Triana, ocurrido en una carretera solitaria entre La Plata y Paicol, no es un hecho aislado. Ocho disparos impactando el vehículo donde viajaba, un escape en rines hasta el pueblo más cercano, y un historial de amenazas ignoradas por la Unidad Nacional de Protección pintan un panorama inquietante: en Colombia, ejercer oposición política en ciertas regiones sigue siendo una actividad de alto riesgo.

Las disidencias de las FARC, en particular la estructura Dagoberto Ramos bajo el mando de alias “Mi Pez”, aparecen como el brazo ejecutor de esta emboscada. Sin embargo, la responsabilidad política trasciende a los autores materiales: el Estado fue advertido, conocía el riesgo y, aun así, no reforzó la seguridad del congresista. El resultad

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