Con buen criterio, el Presidente ha propiciado un proyecto de normativa para que los responsables que no respeten las reglas que surgen de la necesidad de mantener un presupuesto público superavitario o equilibrado, y la prohibición de emitir moneda para financiar el gasto primario del Tesoro, sean sometidos a juicio y penalizados por la Justicia. No deja de ser promisorio que dicha decisión sea adoptada por los legisladores, jueces y funcionarios que deben promover el bienestar general a la totalidad de los habitantes y proteger la seguridad social, según reza el preámbulo de nuestra Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) adoptado por Argentina en 1994.

Son muchos los afectados por el cambio impuesto por el Gobierno, como es el caso d

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