Por más que se invoque el discurso de los derechos humanos, la Defensoría de Oaxaca, bajo la conducción de Elizabeth Lara Rodríguez, ha desaparecido en la práctica. Su ausencia tras el regaño del secretario de Gobierno, Jesús Romero López, exhibe un órgano más preocupado por su supervivencia política que por cumplir su mandato.

La recomendación emitida por la Defensoría, solicitando investigar la actuación policial en el intento de linchamiento en San Pablo Etla, parecía un primer paso hacia la dignidad institucional. Sin embargo, bastó la reprimenda pública de Romero López para que la DDHPO guardara un silencio cómplice y prolongado.

Este sometimiento institucional no es un hecho aislado. Desde hace meses, la Defensoría se ha vuelto un ente omiso, útil únicamente para acompañar la narra

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