Abogados que representan a los detenidos en el centro de detención para inmigrantes conocido como "Alligator Alcatraz" se presentarán este lunes en un tribunal federal. Su objetivo es permitir que los detenidos se reúnan con sus abogados. Grupos como ACLU, US Immigration Law Counsel y Florida Keys Immigration han presentado una demanda contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, entre otros. La demanda alega que los detenidos no tienen acceso a asesoría legal y que se les impide comunicarse con sus abogados.

Eunice Cho, abogada principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, afirmó: "La Constitución de Estados Unidos no permite que el gobierno simplemente encierre a las personas sin ninguna posibilidad de comunicarse con un abogado". La demanda también busca asegurar que haya información actualizada sobre la ubicación de los detenidos en "Alligator Alcatraz".

El Departamento de Seguridad Nacional ha negado las acusaciones, afirmando que la instalación cuenta con un espacio para que los abogados se reúnan con sus clientes. Sin embargo, los abogados de la ACLU han argumentado que el personal del centro presiona a los detenidos para que se autodeporten sin la asistencia legal adecuada. En una audiencia reciente, se mencionó que ya se habían realizado "vuelos de deportación" desde el lugar.

La ACLU ha denunciado que el gobierno ha prohibido las visitas legales en persona y cualquier comunicación confidencial. La audiencia de este lunes en Miami es parte de un caso más amplio contra funcionarios federales y estatales, quienes argumentan que las demandas no se presentaron en el distrito federal correcto. El juez Rodolfo Ruiz II, nominado por el presidente Donald Trump, mostró escepticismo ante esos argumentos.

"Alligator Alcatraz" se encuentra en los pantanos de los Everglades de Florida y ha sido objeto de controversia desde su apertura. Se han reportado condiciones inhumanas, como inmigrantes confinados en jaulas, calor extremo, infestaciones de insectos y escasez de alimentos. Cho destacó que la situación en el centro es anómala y que no se ha visto en otras instalaciones de detención.

El estado de Florida ha defendido el funcionamiento del campamento, calificándolo de "buen estado de funcionamiento". Sin embargo, la ACLU sostiene que se están violando derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a comunicarse con abogados y a solicitar la liberación de la custodia. La demanda es una de dos que avanzan en el sistema judicial federal; la otra fue presentada por ambientalistas que buscan detener las operaciones del centro debido a su proximidad a humedales vitales para el suministro de agua en el sur de Florida.

Además, el gobernador DeSantis anunció un nuevo centro de detención llamado "Deportation Depot" en el norte de Florida, que se espera esté operativo en unas semanas y albergue a aproximadamente 1.300 detenidos.