El 28 de julio del 2025, tras un largo intento por parte de una juez de la República por justificar una sentencia, que según la defensa “tendría serios cuestionamientos en cuanto al debido proceso y la legalidad de algunas de las pruebas”, la nación colombiana presenció un hecho sin antecedentes en su ya convulsionada historia. “La condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe

Vélez, por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal”.

Lo acontecido en el Juzgado 44 Penal del Circuito Judicial de Bogotá, no fue un simple fallo judicial, sino un suceso de dimensiones colosales, que puso en tensión el alma misma del sistema político colombiano. “No se trató de un asunto legal aislado, sino de un juicio al símbolo más influyente de la derecha en la

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