Una audiencia judicial sobre los derechos de los inmigrantes detenidos en el controvertido centro conocido como “Alligator Alcatraz” concluyó el lunes sin un fallo inmediato del juez. Este centro, ubicado en los humedales de los Everglades en Florida, ha sido objeto de críticas por la falta de acceso a asesoría legal para los detenidos. El juez Rodolfo Ruiz II, nominado por el expresidente Donald Trump, aseguró que emitiría su decisión lo antes posible.
La demanda fue presentada en julio por abogados de organizaciones como la ACLU y el US Immigration Law Counsel. Acusan a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al gobernador de Florida, Ron DeSantis, de impedir que los detenidos se comuniquen con sus abogados. La demanda también busca asegurar que se proporcione información actualizada sobre la ubicación de los detenidos.
Eunice Cho, abogada principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, afirmó: "La Constitución de Estados Unidos no permite que el gobierno simplemente encierre a las personas sin ninguna posibilidad de comunicarse con un abogado". La ACLU sostiene que el gobierno está violando derechos fundamentales al restringir el acceso a la asesoría legal.
El Departamento de Seguridad Nacional ha rechazado estas acusaciones, afirmando que el centro permite reuniones físicas entre abogados y clientes. Sin embargo, los abogados de la ACLU han denunciado que el personal del centro presiona a los detenidos para que se autodeporten sin consultar a un abogado. Además, han señalado que se han realizado vuelos de deportación desde el lugar.
La audiencia del lunes en Miami fue la más reciente en este caso, donde los abogados de los demandantes argumentaron que las demandas no se presentaron en el distrito federal correcto. El juez Ruiz II mostró escepticismo ante estos argumentos y mencionó que había "confusión" sobre quién dirige realmente el centro de detención.
Carlos González, un inmigrante mexicano que estuvo detenido en “Alligator Alcatraz”, describió las difíciles condiciones de vida en el centro, lo que ha generado aún más preocupación sobre el tratamiento de los detenidos en este controvertido lugar.