El Gobierno argentino ha iniciado oficialmente el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con un plazo de ocho meses para completar la operación. Esta decisión fue formalizada mediante la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. La medida busca transferir el 90% del paquete accionario de la empresa al sector privado, un paso que se había anticipado el 22 de julio con la autorización del Decreto 494/2025.

La privatización se enmarca dentro de un cambio regulatorio que afecta directamente al Estado Nacional, que actualmente posee la mayoría de las acciones de AySA. La Unidad Ejecutora Especial Temporaria, conocida como la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será la encargada de coordinar las acciones necesarias para llevar a cabo la venta. Esto incluye la contratación de un banco estatal para la valuación del paquete accionario, que debe ser realizada por organismos públicos, aunque se permitirá la intervención de entidades internacionales si es necesario.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ha señalado que el objetivo de esta privatización es "modernizar el sector" y mejorar la calidad del servicio. Además, se ha confirmado que el 10% restante del capital seguirá en manos de los trabajadores de AySA, en el marco de un programa de propiedad participada que ya está en vigor.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación ha manifestado su "imposibilidad" de realizar una valuación completa de la empresa en un tiempo razonable, lo que ha llevado a la necesidad de contratar a una entidad bancaria del sector público para esta tarea. La privatización de AySA es parte de una política más amplia del Gobierno para reducir la participación estatal en empresas públicas y buscar operadores privados para la gestión de servicios esenciales.

La empresa AySA es responsable de la provisión de agua potable y el saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta privatización se enmarca en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que incluye a AySA en la lista de empresas sujetas a privatización.