Integrantes de los grupos criminales más temidos en Colombia han circulado libremente en diferentes regiones gracias a vehículos de alta gama, escoltas armados y recursos estatales durante la vigencia de negociaciones de paz.

Mientras tanto, alcaldes y líderes sociales reclaman protección ante la creciente violencia en sus municipios, pero las autoridades centrales les han respondido que no hay fondos suficientes para su seguridad .

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Según informó Semana , estos recursos se canalizaron preferentemente hacia la protección de enviados del ELN y las disidencias de las Farc.

Documentos oficiales, revisados por Semana , confirman que delegados de estas organizaciones han accedido a camionetas financiadas por el

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