El Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de la demanda competencial presentada por el Gobierno de Dina Boluarte y estableció que el Ministerio Público y el Poder Judicial no tienen atribuciones para investigar a un presidente en funciones. Con esta decisión, los magistrados del TC cerraron la puerta a los procesos que la mandataria enfrenta por presuntos delitos cometidos durante su gestión, incluido el de las muertes registradas en las protestas sociales.

La sentencia, aprobada por mayoría, interpreta que el artículo 117 de la Constitución limita cualquier acción penal contra el presidente exclusivamente al Congreso de la República . Esta interpretación otorga un manto de inmunidad política y penal a Boluarte , blindándola de las investigaciones fiscales en curso y sentand

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