El Tribunal Constitucional ha declarado fundada la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra la Fiscalía y el Poder Judicial. Esta decisión ha llevado a la suspensión de las investigaciones fiscales que se estaban llevando a cabo contra la presidenta Dina Boluarte. Las indagaciones estaban relacionadas con la desactivación del Equipo Especial PNP que apoyó al Eficcop, el caso Rolex y las muertes ocurridas durante las protestas.

El fallo del Tribunal también prohíbe al Poder Judicial dictar cualquier medida en contra de la mandataria. Según lo establecido en la resolución, las investigaciones podrán reanudarse únicamente cuando Boluarte deje su cargo, lo que está previsto para el 28 de julio de 2026, o antes si es vacada por el Congreso.

Esta decisión marca un hito importante en el contexto político del país y ha generado diversas reacciones en el ámbito legal y político. La situación sigue en desarrollo, y se espera que se tomen nuevas decisiones en los próximos días.