El expresidente Pedro Castillo Terrones ha logrado que su agrupación, "Todo con el Pueblo", sea oficialmente reconocida como partido político por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La resolución de inscripción fue emitida el 18 de agosto, tras verificar que la organización cumplió con los requisitos legales necesarios, como la presentación del acta de fundación y el padrón de afiliados. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, el partido no podrá participar en las elecciones generales de 2026, ya que el plazo para inscripciones venció en julio de 2025.
El JNE ha confirmado que, con la inscripción de "Todo con el Pueblo", ya son 50 los partidos registrados en su base de datos. La agrupación política tendrá como personeros legales a Dermali Cubas Vásquez y Vidal Julio Solís Peralta. La resolución también establece que se debe publicar la inscripción en el portal web del JNE y en el diario oficial.
A pesar de la inscripción, el futuro político de Castillo se ve limitado. El experto en temas electorales, José Naupari Wong, ha señalado que existen vacíos en la normativa vigente que podrían afectar la participación del partido en futuros procesos electorales. "El partido se ha inscrito antes de la fecha de vencimiento para convocar a las elecciones municipales y regionales, pero el 70% tiene que estar afiliado desde el 7 de octubre de 2024", explicó.
Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva en el penal de Barbadillo por acusaciones de rebelión tras un fallido intento de golpe de Estado en diciembre de 2022, ahora cuenta con un vehículo político que le permite proyectar influencia sobre sus bases. El 17 de agosto, se lanzó la Alianza Política Juntos con el Pueblo, que incluye a "Todo con el Pueblo" y a Juntos por el Perú. Este evento generó controversia en redes sociales, especialmente por la inclusión de la imagen de Castillo en la propaganda, a pesar de su situación legal.
En cuanto a su situación judicial, la Corte Suprema ha rechazado el recurso de apelación de Castillo para cesar su prisión preventiva. La Fiscalía ha solicitado 34 años de cárcel en su contra por los delitos de rebelión y abuso de autoridad, entre otros. Así, mientras Pedro Castillo continúa su proceso judicial, su partido político busca establecerse en el panorama electoral peruano.