El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ha emitido un fallo que suspende todas las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte, generando un intenso debate político y judicial en el país. Esta decisión permite que la mandataria continúe ejerciendo su cargo sin interferencias que puedan afectar su gobernabilidad. La sentencia establece que las investigaciones preliminares podrán reanudarse una vez que Boluarte deje el cargo el 28 de julio de 2026, o antes si es vacada por el Congreso.

La abogada Beatriz Ramírez ha cuestionado la decisión del TC, sugiriendo que retroceder a un criterio que paraliza las investigaciones contra un presidente en funciones no es beneficioso para la población. "¿Acaso no hubiera sido mejor que la presidenta se defienda a título individual en vez de que lleve esa causa al TC?", declaró Ramírez, enfatizando que hay serios cuestionamientos de corrupción en el ejercicio del cargo presidencial.

Por otro lado, el expresidente del TC, Ernesto Álvarez, ha defendido el fallo, argumentando que no es apropiado que un presidente sea objeto de una investigación preparatoria. "No se puede arrastrar al jefe de Estado a una suerte de investigación preparatoria en la cual se denigre su condición", afirmó Álvarez. También destacó que la decisión busca proteger la honorabilidad del cargo y no de la persona.

Joseph Campos, abogado constitucionalista de Boluarte, explicó en una entrevista que el fallo tiene como objetivo preservar la autoridad del presidente y garantizar que pueda ejercer su cargo con plena capacidad de decisión. Campos subrayó que esta medida no implica impunidad, sino una protección temporal mientras Boluarte esté en funciones. "El presidente debe gobernar en tranquilidad, no acosado por denuncias", afirmó.

La resolución del TC limita la actuación de la Fiscalía a tres actos específicos: la toma de declaraciones hasta dos veces en Palacio de Gobierno, la solicitud de información y la recepción de documentos. Todas las demás diligencias, como allanamientos, quedan suspendidas mientras la presidenta esté en funciones. Campos resaltó que esta protección se fundamenta en el artículo 117 de la Constitución, que ha sido aplicado previamente a otros expresidentes.

La decisión ha generado opiniones diversas entre políticos y expertos. Algunos consideran que la medida podría limitar la labor de control sobre la máxima autoridad, mientras que la defensa de Boluarte insiste en que se trata de una provisión constitucional destinada a garantizar la estabilidad del Ejecutivo. Campos enfatizó que la finalidad de la suspensión es asegurar que la presidenta pueda gobernar sin presiones externas, permitiendo que la gestión se enfoque en decisiones estratégicas y políticas.