El Tribunal Constitucional (TC) ha tomado una decisión crucial al suspender las investigaciones contra la presidenta de la República, Dina Boluarte. Esta resolución se produce en el contexto de una demanda competencial presentada por el Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. La controversia gira en torno a la posibilidad de investigar a la jefa de Estado por supuestos delitos que no están contemplados en el artículo 117 de la Constitución.

El TC, como máximo intérprete de la Carta Magna, ha declarado fundada la demanda del Ejecutivo. En su fallo, el tribunal señala que "las disposiciones fiscales y la resolución judicial cuestionadas" han menoscabado "la competencia" de la presidenta. Por lo tanto, se ha decidido suspender cualquier investigación en su contra hasta que finalice su mandato, que se extiende hasta el 28 de julio de 2026.

Esta decisión marca un hito en el ámbito judicial y político del país, ya que establece un precedente sobre la inmunidad de los altos funcionarios durante su periodo de gobierno. La noticia se encuentra en desarrollo, y se espera que genere reacciones tanto en el ámbito político como en la opinión pública.