El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido suspender todas las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte hasta el final de su mandato, programado para el 28 de julio de 2026. Esta resolución se produce tras la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. El fallo establece que las diligencias fiscales y judiciales en curso no pueden avanzar más allá de la etapa preliminar, aunque se permite la realización de ciertas diligencias iniciales.

El constitucionalista Heber Joel Campos explicó que, según el artículo 117 de la Constitución, un presidente solo puede ser acusado por delitos específicos como traición a la patria o impedir elecciones. Esto significa que, aunque el Ministerio Público puede realizar algunas acciones, como la toma de declaraciones o solicitudes de información, no puede llevar a cabo investigaciones más profundas hasta que Boluarte deje el cargo.

La decisión del TC ha generado un debate sobre su impacto en la estabilidad política del país. Campos subrayó que el fallo no impide que el Congreso pueda declarar la vacancia presidencial por otros motivos, lo que mantiene la facultad del Legislativo para decidir sobre la permanencia de Boluarte en el cargo. El abogado de la presidenta, Joseph Campos, defendió la resolución, argumentando que busca preservar la autoridad del mandatario y evitar que las investigaciones se conviertan en mecanismos de presión política.

El fallo también ha suscitado reacciones encontradas. Mientras que el Ejecutivo celebra la decisión como un respaldo a la institucionalidad, sectores opositores expresan su preocupación por un posible "blindaje político" a Boluarte. Críticos advierten que esta interpretación del artículo 117 podría congelar casos graves, afectando la confianza ciudadana.

A pesar de la suspensión de las investigaciones contra Boluarte, el Ministerio Público continuará con las diligencias contra otros implicados en los mismos casos. Esto permitirá avanzar en la recolección de pruebas sin vulnerar las prerrogativas constitucionales del cargo presidencial. Sin embargo, juristas han señalado que esta situación pone a prueba la independencia del sistema judicial en un contexto de alta polarización política.