El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha implementado cambios significativos en sus políticas migratorias. A partir de ahora, el historial de antiamericanismo y antisemitismo será considerado un factor negativo en las solicitudes de beneficios migratorios. Esta medida, que entra en vigor de inmediato, afecta tanto a las solicitudes pendientes como a las nuevas peticiones que requieran un análisis de discrecionalidad por parte de los oficiales de inmigración.

Según el comunicado oficial, USCIS ampliará la revisión de redes sociales, buscando indicios de "actividad antiamericana". Este tipo de actividad se considerará un factor sumamente negativo al evaluar la elegibilidad de un solicitante para recibir beneficios migratorios. La actualización del Policy Manual incluye tres áreas clave: la discrecionalidad en solicitudes migratorias, la revisión de programas de inversión EB-5 y la aplicación inmediata de estas nuevas directrices.

Los oficiales de inmigración ahora evaluarán si el solicitante ha cumplido con las leyes de inmigración y si ha promovido ideologías hostiles a Estados Unidos, incluyendo el antisemitismo y el apoyo a organizaciones terroristas. En el caso de los programas de inversión EB-5, se aplicará un escrutinio más estricto en situaciones que involucren amenazas al interés nacional, fraude o delitos relacionados.

Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, afirmó: "Los beneficios de Estados Unidos no deben darse a aquellos que desprecian al país y promueven ideologías antiamericanas". Esta actualización también aclara cómo se aplicará la discrecionalidad en la adjudicación de solicitudes, especialmente en casos que involucren actividades que puedan ser consideradas como amenazas a la seguridad nacional.

El endurecimiento de estos criterios refleja una tendencia hacia políticas migratorias más restrictivas. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre cómo se definirá y probará el concepto de "actividad antiamericana", lo que podría incluir desde vínculos con grupos radicales hasta expresiones políticas críticas hacia Estados Unidos. Organizaciones de derechos civiles y expertos en inmigración advierten sobre el riesgo de que estas medidas se apliquen de manera subjetiva, lo que podría afectar la libertad de expresión.

USCIS ha dejado claro que el otorgamiento de beneficios migratorios no es un derecho automático, sino una prerrogativa condicionada al cumplimiento de la ley y a la ausencia de conductas que puedan interpretarse como contrarias a los valores estadounidenses. El impacto real de esta política se comenzará a ver en los próximos meses, a medida que se apliquen los nuevos criterios a casos en curso y a futuras solicitudes.