Salta a la vista que la libertad inmediata ordenada este martes por el Tribunal Superior de Bogotá al expresidente Álvaro Uribe Vélez es, ante todo, una resolución que subsanó rápidamente la serie de errores de la primera instancia, por lo pronto y al menos en este aspecto. Porque desde el momento en que la juez 44 penal ordenó su detención domiciliaria cualquier colombiano pudo darse cuenta de que se trataba de un exabrupto jurídico.

Salvo, claro está, los del radicalismo político que salieron, todos a una e incluso el de mayor preeminencia estatal, a decir que quien osara pensar de modo diferente a semejante estropicio contra la Constitución y los derechos fundamentales desconocía de plano la justicia. Pero, como es apenas noción elemental de la legislación colombiana, esa gravísima dis

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