La Superintendencia Nacional de Salud de Colombia no ha cumplido con la orden de la Corte Constitucional que exige la restitución de la EPS Sanitas a su propietario, el Grupo Keralty. Este incumplimiento persiste casi dos meses después de la sentencia SU-277 de 2025, que concluyó que la superintendencia vulneró el derecho al debido proceso de la EPS y sus accionistas.

El Grupo Keralty ha solicitado a la Corte que exija a la Superintendencia cumplir con la decisión, argumentando que la falta de acción continúa violando derechos fundamentales. En su petición, el grupo recuerda que la sentencia fue notificada el 23 de julio de 2025 y que hasta la fecha no se han acatado sus órdenes.

Juan David Riveros, abogado de Keralty, expresó que, a pesar de la sentencia, la incertidumbre sobre la situación de la compañía es alta. "Después de 15 largos meses de arbitrariedades, se nos devuelve lo que nunca debió ser arrebatado", comentó Riveros, quien también advirtió que la situación financiera de Sanitas es crítica.

Un estudio de Así Vamos en Salud reveló que, antes de la intervención gubernamental, Sanitas tenía un patrimonio positivo de 21.000 millones de pesos. Sin embargo, en 2025, tras un año bajo control del interventor, su patrimonio se volvió negativo, alcanzando 1,1 billones de pesos.

Además, un informe de la Contraloría indicó que Sanitas es la segunda EPS con mayores deudas a prestadores de salud, con un total de 2,8 billones de pesos, solo superada por la Nueva EPS, que debe 9,2 billones.

En su recurso, Keralty advierte que cualquier demora en el cumplimiento de la orden de la Corte podría resultar en sanciones por desacato, ya que se considera una violación directa de la decisión judicial. Riveros enfatizó que, a pesar de la claridad de la sentencia, la Superintendencia ha ignorado sus obligaciones.

El Grupo Keralty solicita que se ordene a la Superintendencia cumplir de manera inmediata con la restitución del control y administración de EPS Sanitas a sus accionistas, subrayando la urgencia de la situación.