La Cámara del Senado aprobó la ley de emergencia pediátrica con 62 votos a favor y 8 en contra. Esta decisión se produce en un contexto de crisis para el Gobierno, que ha enfrentado una serie de derrotas en el Congreso en solo dos días. La ley busca mejorar las condiciones de atención pediátrica y se considera un triunfo de los trabajadores de la salud, quienes han llevado a cabo asambleas, paros y movilizaciones masivas.
La aprobación de esta ley se da en medio de una crisis sanitaria que ha puesto en entredicho la gestión del ministro de salud, Mario Lugones. Este ha sido criticado por las muertes relacionadas con fentanilo contaminado y por acusaciones de corrupción que involucran a otros funcionarios. La ley de emergencia pediátrica incluye la recomposición de salarios, un aumento en el presupuesto y la derogación de resoluciones que limitaban derechos de los residentes.
El Gobierno ha negado la existencia de una crisis sanitaria, a pesar de las más de doscientas renuncias en el sector salud y las difíciles condiciones laborales que enfrentan los trabajadores. La senadora Carmen Álvarez Rivero, del PRO, intentó deslegitimar el reclamo al cuestionar el acceso de los niños de provincias al hospital Garrahan, lo que generó controversia.
Los datos revelan que el presupuesto del Garrahan ha aumentado nominalmente, pero la inflación ha superado este incremento, resultando en una pérdida real del 14,2%. Además, se ha denunciado que el sistema de residencias ha sido reemplazado por becas, lo que ha afectado los derechos laborales de los profesionales de la salud.
En el último año, el Garrahan ha perdido más de 240 trabajadores, lo que representa casi un 5% de su plantilla. Los salarios son considerados insuficientes, con un camillero con 10 años de antigüedad ganando apenas 800 mil pesos. La situación es similar en otros hospitales, donde los sueldos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.
La lucha por la emergencia pediátrica es vista como un símbolo de resistencia ante las políticas de ajuste del Gobierno. La movilización del 17 de julio demostró la unidad de los trabajadores y la necesidad de continuar la lucha contra posibles vetos a la ley. La situación actual del Garrahan se ha convertido en un referente nacional, y se hace un llamado a unir esfuerzos con otros sectores que enfrentan recortes y despidos.
La crisis del Gobierno se evidencia en las votaciones recientes, y se destaca la importancia de la organización y la movilización para defender la salud pública y los derechos de los trabajadores. La lucha por la ley de emergencia pediátrica es solo el comienzo de un esfuerzo más amplio por mejorar las condiciones en el sector salud y garantizar derechos fundamentales.