La oposición en Argentina ha dado un golpe significativo a la Casa Rosada al desactivar cuatro decretos delegados y un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en una extensa sesión legislativa. Estos decretos, que fueron rechazados la semana pasada por la Cámara de Diputados, están relacionados con varios organismos del Estado.

El DNU en cuestión afecta a la Marina Mercante y ha sido objeto de críticas por los cambios propuestos en el derecho a huelga y la calificación de servicio esencial. Los decretos delegados incluyen la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos, la disolución de Vialidad Nacional, y la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, así como modificaciones en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Durante la sesión, el diputado peronista Pablo Bensusán advirtió sobre las consecuencias de estas decisiones. "Destruirlas es destruir años de trabajo en ciencia, tecnología, en desarrollo", afirmó, añadiendo que la desaparición de estas instituciones podría llevar a los productores a depender de multinacionales para obtener semillas y tecnología, lo que afectaría negativamente a las economías regionales.

El radical Pablo Blanco criticó al gobierno por lo que considera una estrategia para "esconder" la eliminación de estos entes, argumentando que se están reasignando funciones que vacían de contenido a los organismos. "El Gobierno toma una medida que es como si apareciera un enfermo de cáncer y, para no gastar el dinero, le pega un tiro y lo mata", comparó, refiriéndose a la disolución de Vialidad Nacional.

Desde el peronismo disidente, Juan Carlos Romero planteó que, aunque el INTA es emblemático, ha duplicado su personal desde 2003 sin que se reflejen resultados equivalentes en investigación o producción. Por su parte, Alfredo De Ángeli, jefe del PRO, se mostró crítico con el INTA y Vialidad, sugiriendo que el gobierno debe reconsiderar su enfoque.

El último en intervenir fue Ezequiel Atauche, jefe libertario en la Cámara alta, quien defendió la reorganización de los organismos, afirmando que "las funciones de estos organismos se mantienen" y que la ley Bases no implica cierres, sino reorganizaciones. Atauche también destacó que la situación actual es parte de un proceso que ha estado ocurriendo en el Estado argentino desde hace tiempo.