El caso Ayotzinapa sigue empantanado. Once años después las principales preguntas no tienen respuesta. El paradero de los 43 normalistas se desconoce. Pasaron los sexenios de Peña y López Obrador, supuestamente muy diferentes entre ellos, pero iguales en algo, no pudieron con el paquete Ayotzinapa.

Palabras de más, promesas lanzadas a los cuatro vientos y al final nada. En lo que va del gobierno del Segundo Piso el camino parece conducir al mismo destino. La novedad es que el abogado Vidulfo Rosales, titular del Centro de Derechos Humanos de la Montaña y representante de los familiares de los normalistas, tiró la toalla sin alcanzar resultados.

Sale de la primera línea de la lucha social para irse, se dice, a las alfombradas oficinas de la SCJN. Está en su derecho, nadie lo duda. Dentro

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