SAN JOSÉ (AP) — El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, compareció el viernes ante una comisión legislativa que analiza la posibilidad de levantar su inmunidad para que pueda ser juzgado por presuntos cargos de corrupción.

La Fiscalía General acusa a Chaves de supuestamente haber presionado al productor audiovisual, Christian Bulgarelli, para que beneficiara a un exasesor presidencial y excolaborador de campaña suyo con dineros provenientes de un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El contrato adjudicado en el 2022 a Bulgarelli constaba de 400 mil dólares por servicios de comunicación para la Presidencia de Costa Rica, de los cuales el productor habría destinado 32 mil para la compra de una casa para el exasesor Federico Cruz.

Ante la Comisión integrada por dos diputadas de oposición y uno oficialista, Chaves negó que haya presionado o inducido a Bulgarelli para realizar pagos a Cruz e insistió en que esta acusación es una venganza política del fiscal general, Carlo Díaz.

El presidente dedicó su tiempo a señalar a Díaz y varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia de ensañarse en su contra mientras otros casos de corrupción, dijo, no avanzan ni se resuelven.

“Este es el país de la impunidad, donde no hay justicia y mucho menos cumplida", señaló.

Tanto Chaves como su abogado defensor insistieron en mencionar las contradicciones en las que ha incurrido, según ellos, el productor Bulgarelli, quien ahora, agregó el mandatario, es utilizado como “testigo de la corona” por parte de la fiscalía para acusarlo.

A Bulgarelli la Fiscalía le dio el trato de “testigo de la corona” para que colabore con la información sobre los hechos mencionados, pese a que él también es acusado por otros delitos relacionados con este contrato con el BCIE.

Al salir de la comparecencia, Chaves dirigió unas palabras a un grupo de seguidores que lo esperaban en las afueras de la Asamblea Legislativa e insistió en que este caso no es más que un montaje político.

Esta es la primera vez que en Costa Rica se discute el levantamiento de la inmunidad a un presidente, luego de que el 1 de julio la Corte Suprema de Justicia aprobara un informe que permitió pasar el trámite a la Asamblea Legislativa.

Para este trámite se nombró una comisión de tres diputados que deberá rendir un informe al plenario de 57 diputados, donde finalmente se votará si se levanta o no la inmunidad del presidente.

Costa Rica tendrá elecciones presidenciales y legislativas el 1 de febrero, por lo que un posible juicio contra el actual presidente podría agitar aún más las aguas políticas.

La Fiscalía General también ha acusado a Chaves y a otros siete funcionarios por el presunto financiamiento ilegal de su campaña electoral de 2022, al utilizar supuestamente un fideicomiso privado y cuentas bancarias privadas para financiar la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) en 2022, en los comicios que lo llevaron al poder. Sobre este caso aún no inicia el trámite de levantamiento de la inmunidad presidencial.