Un escándalo ha estallado en el ámbito farmacéutico argentino, relacionado con la producción y distribución de fentanilo adulterado. Este caso involucra a Laboratorio Ramallo SA y HLB Pharma Group SA, donde se han revelado intercambios de mensajes entre empleados que evidencian graves irregularidades en la fabricación de medicamentos. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, investiga la conexión de estos laboratorios con la muerte de al menos 96 personas.

Los chats, que forman parte de la acusación del Ministerio Público Fiscal, muestran que los responsables de las plantas estaban al tanto de las inspecciones del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). En uno de los mensajes, un técnico menciona: "Pudo haber explotado eso tranquilamente", refiriéndose a la manipulación inadecuada de reactivos en el laboratorio. Este comentario resalta el peligro que representaban las condiciones de trabajo en el lugar.

Los mensajes también revelan que, antes de una inspección de la ANMAT, los trabajadores escondieron reactivos vencidos, dejándolos expuestos a la intemperie. Esto generó un riesgo significativo de descomposición y explosiones. Un diálogo del 8 de marzo de 2025 incluye preocupaciones sobre la exposición de los reactivos al sol y la lluvia, lo que podría haber causado un desastre.

La Fiscalía Federal 1 de La Plata, liderada por Laura Roteta, ha destacado en su investigación la falta de mantenimiento en las instalaciones, la ocultación de sustancias vencidas y la improvisación en los procesos de control. Los chats también mencionan la necesidad de pintar el laboratorio antes de una inspección, lo que evidencia una falta de preparación y seriedad en el manejo de los estándares de calidad.

La acusación fiscal incluye múltiples cargos, como la fabricación y venta de fentanilo adulterado, desatención a alertas de organismos de control y la existencia de bacterias multirresistentes en los lotes afectados. Se ha encontrado documentación que sugiere que los registros de producción fueron elaborados retroactivamente, lo que pone en duda la trazabilidad de los productos.

Los mensajes extraídos de los dispositivos de los implicados indican que los directivos estaban al tanto de las inspecciones y de las irregularidades en la producción. Además, se discuten estrategias para ocultar solventes y productos de los inspectores, lo que pone de manifiesto una cultura de encubrimiento dentro de la organización.

Este caso ha puesto en jaque la confianza en la industria farmacéutica en Argentina, donde se han visto comprometidos no solo los estándares de calidad, sino también la salud pública.