Los niños adoptados en el extranjero por familias argentinas siguen siendo invisibles para el Estado, aunque terminen siendo ciudadanos argentinos. Ese accionar sistemático se ha convertido en una auténtica “política de Estado”, independiente del gobierno de turno.

Argentina mantiene desde 1990 una reserva parcial al artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe las adopciones internacionales de niños y niñas argentinos por parte de extranjeros y, en los hechos, deja en un limbo jurídico a los adoptados en el extranjero por familias argentinas. Esta práctica sucede regularmente, aunque el Estado no la registre (no hay estadísticas ni información pública disponible) y se haga el distraído.

La reserva es, sin duda, el huevo de la serpiente, toda vez que no distingue

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