Washington D.C. - La administración de Donald Trump no defenderá la constitucionalidad de las subvenciones a universidades y colegios que tienen, al menos, un 25% de matrícula hispana –incluidas instituciones de educación superior en Puerto Rico–, en un caso judicial federal en Tenesí.

El gobierno de Trump no puede acabar con las subvenciones –que rondan los $350 millones anuales y benefician a unas 500 instituciones– sin la autorización del Congreso o un mandato judicial.

Pero su determinación influenciará el debate del caso en el que el gobierno de Tenesí y la organización “Estudiantes por una Admisión Justa” cuestionan, en un tribunal federal, la constitucionalidad del programa de subvenciones del gobierno estadounidense para instituciones de educación superior (HSI, en inglé

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