El reciente nombramiento de Juan José Santiváñez como nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) ha generado una fuerte ola de críticas en el Congreso de la República. La decisión de la presidenta Dina Boluarte, que se produce tras la sorpresiva salida de Enrique Alcántara, ha sido rechazada por diversos parlamentarios de distintas bancadas.

Alejandro Cavero, de Avanza País, calificó la designación como “una burla al país” a través de su cuenta en X. Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular, consideró que se trata de “una provocación al Congreso y una necedad”, afirmando que Boluarte “premia a su favorito a costa de todos los peruanos”. Sigrid Bazán, también de su bancada, criticó la reincorporación de Santiváñez, señalando que la presidenta actúa con “total descaro”.

Flor Pablo Medina advirtió que la llegada de Santiváñez al Minjus “anuncia una etapa de endurecimiento autoritario”, lo que podría poner en riesgo el sistema interamericano de derechos humanos. Ruth Luque expresó que su designación “solo significa que las cosas siempre pueden estar peor”, confirmando la orientación “autoritara e impune” del gobierno.

Desde la Bancada Socialista, Silvana Robles calificó el regreso de Santiváñez como “inaceptable” y un “golpe más a la institucionalidad”. Margot Palacios lo describió como un “premio a la incapacidad”, recordando que el exministro fue censurado por “corrupción e incapacidad en seguridad ciudadana”. Édward Málaga, por su parte, instó al Congreso a “poner freno a tanta desvergüenza” y cuestionó el silencio de los líderes partidarios ante esta nueva crisis política.

La reincorporación de Santiváñez se produce en un contexto de tensión política y controversias. Su nombramiento coincide con el anuncio del Ejecutivo de revisar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto se da tras advertencias de la Corte Interamericana sobre una reciente ley de amnistía que beneficiaría a personas procesadas por violaciones a los derechos humanos.

En su nuevo cargo, Santiváñez podría promover iniciativas legislativas que otorguen protección frente a los procesos judiciales en su contra, lo que ha generado inquietud en diversos sectores. Además, su gestión podría impactar en el manejo del sistema penitenciario, especialmente tras el traslado del expresidente Martín Vizcarra a otro centro de reclusión, una decisión ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que ha sido cuestionada por Vizcarra, quien alegó motivaciones políticas.

El contexto en el que Santiváñez asume el ministerio está marcado por debates sobre derechos humanos y la atención de organismos internacionales a las decisiones legales en el país. Su gestión genera expectativas sobre posibles cambios en la defensa de los derechos humanos y en la administración de justicia, así como en la relación con instancias internacionales de protección de derechos fundamentales.