La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha emitido una resolución que modifica las reglas de acceso a la información pública sobre el parque automotor oficial. A partir de ahora, no será posible conocer las características de los vehículos utilizados por ministros, viceministros y altos funcionarios del Ejecutivo, ya que esta información ha sido declarada de carácter "reservado".

La Resolución Jefatural N.° 002-2025-PCM/OSDEN-A argumenta que la difusión de estos datos podría "facilitar la comisión de actos ilícitos". La PCM sostiene que es necesario proteger la seguridad nacional y la integridad de las más altas autoridades del Ejecutivo. La resolución indica que, al tratarse de información vinculada a la movilidad de los altos funcionarios, su divulgación podría facilitar seguimientos, ataques o amenazas.

El documento se apoya en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que permite a las entidades declarar como reservados aquellos datos cuya revelación "originaría un riesgo a la integridad territorial o a la subsistencia del sistema democrático". En este contexto, la PCM enfatiza que la protección de la información sobre la flota vehicular oficial es crucial para la "prevención y represión de la criminalidad en el país".

Con esta nueva disposición, los ciudadanos ya no podrán acceder a detalles específicos sobre la flota vehicular del Ejecutivo. Se declaran reservados los listados de placas de los automóviles utilizados por ministros y altos funcionarios, así como la cantidad de unidades asignadas a cada despacho. También se restringe la entrega de información sobre modelos, marcas o características técnicas de los vehículos, así como cualquier dato relacionado con su distribución o movimientos internos en las entidades del Estado.

Hasta ahora, este tipo de solicitudes eran comunes bajo la Ley de Transparencia, permitiendo conocer contratos de adquisición, seguros y gastos de mantenimiento. Con la clasificación de "reservada", las entidades públicas solo podrán proporcionar reportes generales de gasto, sin identificar a cada unidad vehicular de manera individual.

Esta decisión de la PCM se produce en un contexto de creciente cuestionamiento sobre el gasto público y la falta de transparencia en el Ejecutivo. Recientemente, el Gobierno ha negado entregar documentos relacionados con el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte, catalogando esa información como "confidencial". Además, la Contraloría General de la República ha iniciado una investigación sobre la compra de vehículos de alta gama para generales de la PNP, lo que ha generado críticas sobre la pertinencia y control de esos gastos.